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Boletín de prensa 7 de junio de 2011
EL TIEMPO
REVELAN DETALLES INÉDITOS DE LA CONSTITUYENTE
Álvaro Gómez y Antonio Navarro presidentes de la Constituyente, en uno de sus momentos de tensión.
Así lo hace Óscar Alarcón en su libro 'La cara oculta de la Constitución de 1991', de Planeta.
La Constitución de 1991 fue resultado de una Asamblea en la que estuvo reflejado el país, con sus virtudes y sus defectos. Fue una fotografía que mostró lo que daba la tierra: ex presidente, hijos de ex presidentes, políticos, sindicalistas, guerrilleros, futbolistas, indígenas, poetas, aspirantes a car gos públicos... en fin, representantes de esta nación que pretende tener una identidad, que la busca por cuantos caminos se le presentan y que durante dos siglos ha luchado con todas sus armas para conseguir la paz y el bienestar de los suyos.
Tan pronto logró su Independencia, sus propósitos han aparecido en cartas constitucionales que han venido cambiando luego de guerras civiles, cada una de las cuales ha reflejado el criterio de los triunfadores. La Constitución de 1991, en cambio, nació como respuesta a los problemas originados por la guerrilla y el narcotráfico. Esas herramientas no las daba la Constitución del 86, motivo por el cual los universitarios comenzaron a promover lo que se conoció como la "séptima papeleta", que no era más que un mecanismo extraconstitucional por medio del cual se pretendía que el pueblo, como constituyente primario, manifestara la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente.
Era séptima porque en las elecciones del 11 de marzo de 1970 al elector se le iban a entregar seis papeletas (para Senado, Cámara, Asamblea, Concejo, alcalde y consulta liberal) y se pretendía que se le diera una más con la siguiente leyenda: "Voto por Colombia. Sí a una Asamblea Constituyente". Pero, a pesar del respaldo y el apoyo que le ofreció el presidente de la época, Virgilio Barco, la Registraduría se abstuvo de hacer el conteo de ellas por carecer de las herramientas jurídicas que lo permitieran. Hubo que acudir a una nueva manifestación en las elecciones siguientes, las del 27 de mayo, cuando se eligió a César Gaviria como presidente de la República.
Tanto las etapas previas como la misma convocatoria estuvieron precedidas de largos debates jurídicos que incluyeron la controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia, que, contrario a lo que se especulaba, declaró constitucional el Decreto 1926, que convocaba la Constituyente y que había sido expedido por el recién comenzado gobierno de César Gaviria. La suerte del mismo la decidió una apretada decisión de 14 a 12, resultado conseguido gracias al cambio de criterio de unos magistrados que en la Sala Constitucional votaron por la inconstitucionalidad y luego, en la Plena, dieron vía libre a la constitucionalidad.
Las más disímiles vestimentas contrastaban en el heterogéneo salón de la Asamblea: el paño inglés con el de licra nacional, la corbata Hermés con las de tres en diez, el sombrero de Chalita con más de cuatro cabezas rasuradas, Álvaro Gómez con sus antiguos secuestradores. Mejor dicho, todo un "sancocho", como el que proponía Bateman para un "acuerdo nacional".
De todo eso surgió una Constitución cuyos artículos y parágrafos reposaron en papelitos que guardaban en cajas y que jamás pudieron organizar en computadores porque un día cualquiera la joven tecnología se los tragó. Eso ocurrió en la finca Yerbabuena, allá en el norte, en donde en el siglo XIX José Manuel Marroquín hacía versos para enseñar ortografía. Por eso el día de la sanción el presidente Gaviria y los constituyentes debieron firmar en blanco, sin texto, y solo tres días después de esa ceremonia (porque el país quedó tres días sin Constitución) se revelaron finalmente los artículos. Pero luego encontraron otros en las cajas y se hicieron necesarias varias "fe de erratas" para armar la Carta que hoy nos rige.
Entre los papelitos extraviados, en una de las ranuras de las cajas, encontraron la elección y funciones del Contralor General de la República, que en la primera versión no aparecieron, así como el período de sesiones de la Comisión Especial Legislativa, conocida como Congresito.
Pero así como hubo disposiciones que resucitaron al tercer día según las Escrituras, hubo otras que jamás aparecieron. Por ejemplo esta, que tiene que ver con el departamento del Amazonas: "La ley, a iniciativa del gobierno, establecerá un régimen especial en lo administrativo y fiscal, de fomento económico, social, cultural y ecológico para el Amazonas".
Y qué tal esta norma que beneficiaba a los pensionados, que fue aprobada por 43 votos el 3 de julio de 1990, es decir, un día antes de terminar las sesiones la Constituyente y que jamás apareció en ninguna codificación: "La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante".
Revocatoria del Congreso
Uno de los temas más controvertidos en la Constituyente fue la revocatoria del Congreso, propuesta que permaneció en la mente de Álvaro Gómez, quien pensaba que era una forma de blindar la nueva Carta, porque consideraba que mantener a los entonces legisladores era "como dejar la criatura en manos de Herodes".
Pero ahí no se quedaba la iniciativa. También un considerable número de constituyentes, entre otros el mismo Gómez, aspiraba, además de revocarlos, a impedirles que regresaran al Congreso y a tener ellos, los miembros de la Asamblea, la posibilidad de aspirar a las Cámaras. La oportuna mediación del presidente Gaviria y del ex presidente Alfonso López Michelsen impidió que ello fuera realidad.
La mayor sorpresa fue cuando, en una reunión en la Casa de Nariño, Antonio Navarro Wolff anunció ser partidario de la inhabilidad de los Constituyentes, porque ellos no podían legislar para su propio beneficio. Cuentan testigos de la escena que cuando hizo esa manifestación, Álvaro Gómez -quien confiaba en su apoyo- estaba sentado en una silla con la mano tendida sobre el descansabrazo, y en señal de sorpresa abrió mucho más sus ojos, él, que siempre los tenía bien abiertos, tensó el puño hasta el límite de su fuerza, las uñas apretaron el pulgar, hizo un ademán en el tronco, como si fuera a incorporarse para lanzar un ataque fulminante, guardó silencio y finalmente su espalda regresó al respaldo del sofá.
"Está bien", fueron las dos únicas palabras que pronunció ante la sorpresa de los otros asistentes a la reunión.
La revocatoria fue una decisión que traspasó los límites que tenía la Constituyente. Pero eso no es extraño porque todas esas asambleas van más allá de sus propias facultades, pues se consideran "omnipotentes" y "omnímodas", como las definió Álvaro Gómez cuando el Consejo de Estado quiso poner freno a sus decisiones.
Si bien el propósito inicial era el de hacerle enmiendas a la Constitución de 86, terminó enterrándola, no desde el balcón de Palacio, como hizo Núñez con la del 63, sino en medio de la humareda de los Constituyentes en el Centro de Convenciones del Centro Internacional.
El 'notario' de la Asamblea Constituyente
Óscar Alarcón, periodista y abogado, creador de 'Microlingotes', una mirada al mundo, con humor.
RECORDANDO LA CONSTITUYENTE
Los congresistas podrán perder su investidura
Lo decreta el Consejo de Estado
La pérdida de la investidura es una figura creada por la Constitución de 1991 que sanciona a los congresistas, apartándolos de su cargo, cuando incurren en actos antiéticos o ilegales. Los legisladores perderán su investidura por casos como "violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por indebida desti- nación de dineros públicos o por tráfico de influencias". En noviembre de 1992, el Consejo de Estado hizo uso de esta figura por primera vez, al decretar la pérdida de la investidura del senador Samuel Alberto Escrucería.
Religión católica, no oficial
Consagró la igualdad de credos
La Asamblea Constituyente consagró en la Carta Política de 1991 la igualdad de todos los credos, con lo cual la religión católica dejó de ser la oficial de la Nación, como lo contemplaba la Constitución de 1886. La corporación también decidió sacar del preámbulo de la Carta el concepto de Dios como fuente suprema de toda autoridad.
La noticia del día
Lo aprobado hace 20 años
El primero de junio de 1991, la Asamblea Constituyente aprobó 12 artículos sobre relaciones exteriores.
La corporación eliminó de la Constitución los textos de los tratados internacionales que definían los límites de la Nación e incorporó nuevos conceptos: Forman parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo.
La Asamblea también le dio carácter constitucional a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
OTROS BENEFICIOS DE LEY DE VÍCTIMAS
Tras su aprobación en el Congreso, la ley entrará en vigencia el viernes próximo.
La norma obliga a priorizar la reparación de las mujeres y los niños. Exime de la libreta militar.
Las mujeres, los jóvenes, los niños y los homosexuales están entre los grupos más vulnerados en la historia de la violencia en Colombia. Por eso, la ley de víctimas, que entraría en vigencia el próximo viernes, ordena repararlos de forma especial.
El senador Juan Fernando Cristo, quien lideró el trámite de esta iniciativa en el Congreso, aseguró que el llamado enfoque diferencial es uno de los más altos logros de la ley.
"Este enfoque lleva, por ejemplo, a que a la hora de restituirles las tierras a los despojados primero sean atendidas las reclamaciones de las mujeres y de los niños, porque históricamente sus derechos han sido los más vulnerados", señaló.
Entre sus 208 artículos, la ley de víctimas contempla también la exoneración del servicio militar y la gratuidad de la libreta, lo mismo que la exoneración de las cuotas moderadoras para el acceso a la salud, entre otros.
1. Sin distingos de sexo
Además de las parejas heterosexuales, los hombres o mujeres miembros de una pareja del mismo sexo afectados como consecuencia del conflicto armado, por homicidio o secuestro o cualquiera otra clase de violación a sus derechos humanos, serán considerados como víctimas y podrán recibir verdad, justicia y reparación. "Este un principio de igualdad que busca estar a tono con la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional", señaló Cristo.
2. Financiadores de paras también deben responder ante las víctimas
La ley abre la puerta para que aquellas personas que financiaron o promovieron políticamente a grupos al margen de la ley respondan ante las autoridades por las víctimas de esas agrupaciones ilegales. El artículo busca que empresarios, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados o los caciques políticos involucrados asuman los costos de reparar a los afectados. Para esto, las víctimas pueden tramitar un incidente de reparación directa dentro de la investigación, para que, si se comprueba esa financiación o esa promoción de grupos ilegales, estas empresas o estas personas asuman también la reparación. Agregó Cristo que "a la reparación de las víctimas no solo debe concurrir el Estado, sino también la sociedad en su conjunto, pero especialmente aquellos que con su acción o su omisión permitieron las acciones violentas".
Casos como el de la bananera Chiquita Brands, que aceptó haber financiado paras, no quedarán cubiertos, porque la ley rige solo para casos que se conozcan después de su entrada en vigencia.
3. No prestarán servicio militar
El senador Cristo dijo que se incluyó un artículo para eximir de la prestación del servicio militar a los jóvenes víctimas del conflicto. La norma también ordena que la expedición de la libreta militar sea gratuita. "A muchos niños y adolescentes los han obligado a ser testigos de la violencia, les han matado a la familia o los han desplazado y quedaron traumatizados. Es normal que no quieran saber nada del conflicto, ni de un fusil, sino dedicarse a otras cosas", afirmó.
4. Reparación simbólica
El Congreso consideró que los grupos alzados en armas que obtuvieron amnistías o indultos en la década de los 90 no repararon a sus víctimas. Por esta razón aprobó incluir en la ley que organizaciones como el M-19, el EPL, el Quintín Lame y otras, salgan públicamente, a través de los canales de comunicación del Estado, a pedir perdón, a reconocer su falta y a enaltecer la memoria de las víctimas.
5. Protección a investigadores
A partir de la entrada en vigencia de la ley se les da seguridad jurídica a quienes investigan los hechos de violencia, los cuales, según señaló Cristo, empezaron a ser amenazados y denunciados penalmente para evitar que se conozca la verdad de los hechos. Por eso la ley les da inmunidad sobre los resultados de sus investigaciones, para que no puedan ser demandados por esta razón.
MÉDICOS PIDEN A SANTOS QUE DECLARE EMERGENCIA EN EL SECTOR DE LA SALUD
Este año se han realizado varias marchas contra los malos manejos de los recursos de la salud.
38 mil especialistas del país firmaron carta dirigida al mandatario por crisis de la salud.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) le pidió al presidente Juan Manuel Santos que declare la emergencia en el sector de la salud, por considerar que la calidad del servicio y los principales indicadores se han deteriorado significativamente.
"Desde que se destapó el escándalo de corrupción en el sector, hace un par de meses, todo el mundo habla de cifras, de plata, de informes de la Contraloría y la Policía, pero nadie se ha detenido a hablar de la calidad de la salud de los colombianos, cada vez más afectada", le explicó a EL TIEMPO Rodrigo Córdoba, presidente de la ACSC, que representa a 38 mil médicos especialistas del país, agrupados en 54 sociedades.
Según él, aunque las medidas que ha tomado el Gobierno para frenar el desfalco "son valiosas, no resuelven otros problemas estructurales del sistema, que conducen al despilfarro de los recursos e impiden que a los colombianos se les garantice el derecho fundamental a la salud".
Córdoba asegura que, desde noviembre pasado, los médicos del país le han advertido a Santos de "los agujeros negros del sistema, que atraviesa por la crisis más profunda, desde su creación", hace 18 años.
Para ellos, "los indicadores macro de la salud se han visto muy afectados, pues regresaron enfermedades transmisibles, que se creían controladas, han subido las tasas de mortalidad infantil, cada vez hay más barreras para acceder al servicio, se ha desdibujado la relación del médico con el paciente y, lo más grave, el país se ha olvidado de la detección precoz y de la intervención temprana".
La ACSC también le pidió al Presidente que convoque una mesa de concertación donde estén representados todos los actores del sector para que, "de manera seria y desinteresada, se construya entre todos un buen sistema de salud que de verdad beneficie a todos los colombianos".
'Cacerolazo por la salud'
El Movimiento Nacional de la Salud y la Seguridad Social organizó para mañana un "cacerolazo por la salud" en Bogotá y otras ciudades del país, en el que espera que participen "todos los pacientes afectados por la atención de las EPS". La jornada de protesta comenzará a las 12 del día.
LENTITUD JUDICIAL ES UNA 'VERGÜENZA'
En Santa Marta, el presidente Juan M. Santos lamentó la lentitud de la Justicia en emitir sus fallos
El presidente Juan Manuel Santos lanzó ayer una dura crítica a la demora de la Justicia en emitir sus fallos, y lamentó la ausencia de seguridad jurídica.
Durante un acto en Santa Marta, el mandatario se refirió al caso de Pozos Colorados, un terreno de 65 hectáreas en litigio entre la Nación y el Distrito de Santa Marta.
"Llevamos 70 años entre abogado y abogado, entre título y título, y ahí se desaprovecha una zona privilegiada", dijo Santos, quien recordó que recientemente la Corte Suprema emitió un fallo sobre este caso, que luego fue echado para atrás por una tutela.
Santos recalcó que la seguridad jurídica es el aspecto en en el que "peor estamos frente al resto del mundo". Y agregó que "este de Pozos Colorados es el ejemplo perfecto".
Enseguida anunció que emprenderá "un esfuerzo" ante las altas cortes para "definir de una vez por todas" el tema, porque "¡no hay derecho!".
Dijo que la situación afecta también los intentos de hacer al país más competitivo.
El Jefe del Estado aseguró que estos temas hacen parte de los argumentos por los cuales es necesario adelantar la reforma de la Justicia, con el fin de que casos como el de Pozos Colorados "no se presenten" más, y para que "cualquier colombiano o cualquier extranjero tenga seguridad jurídica; que sepan que hay unos procedimientos claros, que hay una justicia que funciona, y que funciona relativamente rápido".
"Setenta años esperando a que definan la propiedad de una zona que es tan importante es algo que realmente causa vergüenza", puntualizó.
LAS CARTAS DE LA CARTA DE 1991
Héctor Pineda S.
Las cartas de los derechos y garantías de la carta de 1991poseen, para bien, un cuidadoso catálogo para la protección.
La Carta de 1991, como naipe sin marcas, es una baraja pletóricas de virtudes: las cartas de los derechos, las cartas participativas, las cartas para la paz, las cartas incluyentes y las cartas ecológicas, entre otras de las muchas características con las cuales expertos y gente del común le reconocen la importancia, alcance y dimensión a la Constitución de 1991, a la que, con todo tipo de ejercicios académicos (orales o escritos) y eventos simbólicos, se le está celebrando el cumpleaños número 20.
Entonces, metidos en el juego, cortando y barajando, encontramos que las cartas de los derechos y las garantías se encuentran apiladas en un abundante articulado que principia por los denominados "derechos fundamentales" o de primera generación (inherentes a la condición humana). La baraja 'As' de las cartas de los derechos fundamentales, en mi sentir, está en el artículo 11, que consagra el derecho a la vida y que prohíbe la pena de muerte. Aunque pueda parecer extraño, por el reguero de muertos que a diario se registran, sería un indicador de la poca importancia y respeto a la vida y, también, la evidencia (empírica) de cómo se les otorga mayor relevancia a otros derechos que al de la vida misma. Algunos, por ignorancia o necesidad, invocan otros derechos (trabajo, vivienda, seguridad, entre otros), aunque pongan en riesgo la vida propia y la de los suyos.
Así pues, con las cartas sobre la mesa, el naipe de los derechos lo complementa el reconocimiento expreso de los denominados derechos sociales, económicos y culturales. Se erige la familia como núcleo de la sociedad, se le otorga prevalencia al derecho de los niños (artículo 44), se protege a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores, se ordena el acceso a la salud (interferido por los negocios de las parasitarias empresas intermediarias de la salud) y, por supuesto, para quienes ejercemos el oficio de testimoniar con plena libertad el acontecer diario, por profesión o vocación, no podemos pasar por alto, en la descripción de las cartas virtuosas de los derechos, la especial protección que se le otorga al ejercicio de la actividad periodística y la expresa prohibición de la censura, contenida en el artículo 20 constitucional. Los derechos colectivos y del ambiente, finalmente, conforman una maravillosa 'escalera flor' del naipe de los derechos, establecidos en todas sus generaciones y dimensiones, esencia del Estado social de derecho.
Algunos críticos de la Constitución de 1991 (¿"nuñólatras" por convicción?) insisten en afirmar que la enunciación fáctica de los derechos, por economía retórica, bien ha podido sintetizarse en el artículo 93 (modificado para incorporar el Estatuto de Roma), que a la letra establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Congreso se incorporan y prevalecen en el orden interno. Sin embargo, olvidan los críticos de la letra constitucional que, aun expresos, con todas sus letras, en muchas oportunidades a los derechos se los irrespeta y violenta (¿recuerdan los llamados 'falsos positivos'?) de manera impune, y, por supuesto, con una invocación genérica, con el pretexto de economía verbal, se corre el riesgo de que se hagan desaparecer los derechos con la decisión de un "Congresos de bolsillo", como los de un tiempo para acá.
Las cartas de los derechos y garantías de la Carta de 1991, para bien, poseen un cuidadoso catálogo para la protección: desde el mandato de la aplicación inmediata de los derechos fundamentales, pasando por la autorización que se otorga a las personas para acudir ante autoridad judicial y hacer cumplir la ley o defender intereses colectivos, hasta la maravillosa baraja de la tutela, en riesgo de desaparecer en las manos de los prestidigitadores del régimen.
LA EUTANASIA
¿A quién le corresponde decidir si las personas tienen derecho a solicitar la asistencia de un médico para morir con dignidad?
El doctor Jack Kevorkian, más conocido como el 'doctor Muerte', murió plácidamente la semana pasada, oyendo a su compositor favorito, Juan Sebastián Bach. Acusado por sus detractores de ser un hombre cruel, responsable del asesinato de más de 130 personas vulnerables, y alabado por sus defensores como un hombre compasivo y piadoso, que ayudaba a los enfermos desahuciados que solicitaban sus servicios, Kevorkian vivió envuelto en la controversia.
"Yo creo -decía en una entrevista- que las personas competentes mental y físicamente tienen todo el derecho de optar por el suicidio y nadie tiene derecho a determinar qué es lo que pueden o no pueden hacer con su cuerpo. Y creo también que esas personas deben contar con un lugar donde puedan consumar su aspiración."
Kevorkian participó en más de 130 suicidios y en cuatro ocasiones fue absuelto del cargo de asesinato. En 1999, finalmente, se lo declaró culpable por un caso en el que aparece inyectándole drogas letales a un paciente en una grabación, filmada y enviada por él mismo al programa de televisión 60 minutes. Pasó 8 años en la cárcel sabiendo, quizá, que finalmente había cumplido su propósito de provocar un debate nacional sobre la eutanasia.
Un debate que, en términos generales, gira en torno a cuatro cuestiones. ¿Tiene una persona el derecho a terminar con su vida? ¿Es verdad que el suicidio asistido podría provocar una tendencia letal? ¿Los médicos que asisten a los suicidas vulneran la integridad de la profesión médica? ¿Se trata de una práctica legal?
Respecto al derecho de las personas a disponer de su propia vida existe un desacuerdo fundamental aun entre las más altas autoridades religiosas. Para el papa Benedicto XVI, "el aborto y la eutanasia son pecados tan graves que la Iglesia no admite la diversidad de opiniones entre los católicos, que sí tolera cuando se discute, por ejemplo, si se justifica moralmente matar en una guerra o en el caso de la pena de muerte". Mientras que para el Dalái Lama, "si una persona va a morir y padece un sufrimiento grande o se encuentra en estado vegetativo y prolongar su existencia sólo causará mayor sufrimiento y dificultades a otros, la ética budista le permite terminar con su vida".
Tampoco hay acuerdo sobre el tema de que un suicidio asistido podría conducir a una epidemia de suicidios. Una hipótesis que nunca se ha hecho realidad cuando se han dado casos de suicidios asistidos.
Sobre el tema de que el deber de los médicos es salvar vidas y no asistir en su conclusión, tampoco existe una opinión unificada entre los médicos. Y en torno a la legalidad del acto, a pesar de existir un fallo de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe el suicidio asistido en un caso específico, los magistrados se reservaron el derecho de pronunciarse sobre la constitucionalidad de cada caso según se vayan presentando.
Mientras tanto, en 1997, el estado de Oregon aprobó la ley de muerte con dignidad, que les permite a las personas desahuciadas suicidarse con medicinas recetadas por un doctor con ese propósito, y todo indica que el país avanza en la misma dirección. Ya en casi todos los estados de la Unión se permite que los adultos se rehúsen a sostener artificialmente sus vidas entubados a máquinas que los alimentan y los mantienen en estado vegetativo.
Más allá de las excentricidades, el exhibicionismo y la arrogancia del doctor Kevorkian, lo justo sería reconocerle que esta nueva manera de encarar el tema de la terminación de la vida en Estados Unidos se debe, en gran parte, a sus esfuerzos. Yo, que no tengo planes de suicidarme, se lo reconozco y concuerdo con su planteamiento central. Nadie tiene el derecho de decirme lo que yo debo hacer con mi persona.
EL ESPECTADOR
CRISIS SANITARIA EN CÁRCEL DE VALLEDUPAR POR ESCASEZ DE AGUA
EN LAS PROFUNDIDADES DEL INFIERNO
Los reclusos de la cárcel de Valledupar presentan enfermedades cutáneas que no pueden ser atendidas por el insuficiente servicio médico, en un centro carcelario construido hace 11 años.
Un riguroso régimen que copia los preceptos penitenciarios de EE.UU., impera en la cárcel de Valledupar.
A la entrada del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar se lee en un aviso: “En este establecimiento se respeta la dignidad humana. Aplicando siempre la ética y un sistema de calidad en todos sus procesos”. Es como un preámbulo cargado de ironía a la triste realidad que se vive dentro de sus muros. La gente le llama “La Tramacúa” por sus imponentes dimensiones. Su construcción data de apenas once años atrás y es producto de un convenio de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para el mejoramiento del sistema penitenciario, que aportó 4,5 millones de dólares del Plan Colombia y el diseño del Buró Federal de Prisiones. Sus especialistas supervisaron la obra y capacitaron a los guardias. El propósito de esta cárcel era ser el centro piloto del país para poner en práctica un nuevo modelo penitenciario a imagen y semejanza del que se utiliza en las prisiones norteamericanas.
El experimento ha resultado un caro y peligroso fracaso. Mientras en muchos lugares de la Costa Atlántica la gente está con las inundaciones al cuello, los 1.354 internos de “La Tramacúa” tienen que luchar a muerte todos los días por el agua. Al centro penitenciario el líquido no llega en suficiente cantidad ni con la presión necesaria. De ahí que los internos sólo puedan tener el servicio en dos momentos del día, por quince minutos cada vez. Como la penitenciaría consiste en torres de cinco pisos donde están las celdas, el agua que no tiene presión suficiente no puede llegar a los pisos por las tuberías. Los 175 presos que hay en cada torre tienen que disputarse por todos los medios llenar sus recipientes en pocos grifos. “Cuando entras al baño por el agua —me dijo un hombre con los ojos desorbitados—, llevas en una mano el galón y la en otra el puñal”.
Los tumultos que se forman todos los días para recoger el fluido cobraron en enero pasado la vida de un recluso, en el patio cuatro, en medio de una pelea. Al parecer, el sofisticado diseño de los norteamericanos no previó para el establecimiento carcelario el adecuado suministro del líquido vital ni evaluó la limitada capacidad del ente que manejaba el acueducto en el municipio. Hoy el director del penal, Leopoldo López, se limita a señalar a Emdupar como único responsable de este aspecto de la crisis.
La falta de agua genera otras graves consecuencias. Basta entrar a la cárcel para percibir el hedor de los excrementos que, prácticamente, están por todas partes. Desde las celdas sin agua los prisioneros deben arrojarlos por las rendijas al exterior de las torres.
Según informes que tuve en mis manos, elaborados por la Secretaría de Salud del Cesar, que viene realizando periódicas visitas y controles microbiológicos a los alimentos que consumen los internos, en los últimos tres años todos los estudios bacteriológicos han detectado presencia de coliformes en ellos, especialmente del género escherichia, que identifica la presencia de materia fecal. La imposibilidad de lavar su ropa genera constantes enfermedades cutáneas en los reclusos, las cuales no pueden ser atendidas por el insuficiente servicio médico.
Toda esta insalubridad se da en medio de las sofocantes temperaturas de la región. La prisión no cuenta con sistemas de ventilación. En ese ambiente altamente hostil, los presos experimentan estados de profunda depresión psicológica: los medios de comunicación han registrado varios casos de suicidio.
El cuadro se completa con el riguroso régimen disciplinario que copia los preceptos carcelarios de Estados Unidos: anteponer sin miramientos la seguridad a los derechos, crear un régimen de aislamiento prolongado y control total sobre los internos, someterlos a tratos crueles y degradantes, elevar al máximo los niveles de enfrentamiento entre ellos y privilegiar a grupos que sirvan para mantener el orden. No es raro, en ese contexto, que se les someta a castigos como los aislamientos, que varían desde meses hasta años, o las llamadas “calles de honor”, dos hileras de guardias por cuyo centro es obligado a pasar el recluso para recibir una andanada de garrotazos, puños y patadas, o las golpizas precedidas de gases lacrimógenos en los patios, algunas veces practicadas en la noche por guardias encapuchados.
No obstante, el comandante de vigilancia, mayor Ángel Rodríguez, señala que lo que ocurre es que la penitenciaría practica “las nuevas técnicas penitenciarias”, técnicas norteamericanas, por los antecedentes de seguridad, ya que los internos atacaban a los abogados y médicos. El subdirector operativo de la regional norte del Inpec reconoce que la penitenciaría de Valledupar registra el mayor número de denuncias y quejas por maltrato de la guardia. Sin embargo, según un reporte que recibí de la misma institución, 39 casos de quejas presentadas entre 2008 y 2009 se dejaron sin evaluar y de 92 quejas presentadas en la Oficina de Control Interno, sólo una se sancionó con suspensión del guardián.
Para rebelarse ante las condiciones denigrantes en las que viven, más de un centenar de internos han comenzado una protesta pacífica. Algunos se han declarado en huelga de hambre desde hace semanas y otros han decidido suspenderse en hamacas en el exterior de las torres del presidio.
En un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ya para octubre de 2001 se denunciaban serias irregularidades y prácticas abusivas que originaban tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de lo anterior, la penitenciaría de Valledupar ostentó con honor el Certificado de Aseguramiento de la Calidad, aplicado a las actividades de Tratamiento al Interno y Administración del Establecimiento Penitenciario, mediante evaluación y aprobación de la norma ISO 9002/94, otorgado por el Icontec en julio de 2002.
Al presentar un panorama acerca de la situación de las cárceles colombianas, Eduardo Cifuentes, quien para la época era defensor del Pueblo, dijo que pasar revista a las condiciones penitenciarias en nuestro país era una “visita por el infierno”. La inspección de la cárcel de Valledupar es una visita a las profundidades del infierno.
ESO ES LO QUE NOS VA A LLEVAR TAMBIÉN A LA REFORMA JUDICIAL
Seguridad jurídica, en lo que peor estamos: Santos
"Porque es que 70 años esperando a que definan la propiedad de una zona que es tan importante, es algo que realmente causa vergüenza", recalcó Santos.
Santos advierte llegada de inversionistas
Donde peor estamos frente al resto del mundo, es en lo que llaman la seguridad jurídica, la resolución de conflictos, la forma en cómo el Estado colombiano, la economía colombiana, le resuelve a algún inversionista sus líos judiciales, dijo el presidente Juan Manuel Santos al recordar el lento caso de Pozos Colorados.
"Estamos en la posición —usted me corrige Sergio (Diaz-Grandos), como treinta y pico—. En eso estamos como de 150. Estamos tal vez de los peores del mundo", dijo el Mandatario de los colombianos, según la Casa de Nariñio.
Este (caso) de Pozos Colorados es el ejemplo perfecto, dijo. "Llevamos 70 años entre abogado y abogado, entre título y título, y ahí se desaprovecha una zona privilegiada, que podría ser invertida, ser utilizada como un polo de desarrollo turístico", indicó.
"Lo que se puede hacer ahí es una maravilla. Pero estamos atados a esos procedimientos que yo llamaría leguleyos, en donde nada avanza", dijo, asegún el informe de prensa.
"Yo le pediría, Ministro, que hiciéramos un esfuerzo usted y yo ante las Altas Cortes para definir eso de una vez por todas, porque realmente no hay derecho. No hay derecho. Le da a uno cierto coraje —como dicen los españoles-, cuando ve uno lo que está sucediendo en un área tan importante, tan importante y tan privilegiada", destacó el Mandatario.
Recordó que "eso es lo que nos va a llevar también a la Reforma Judicial". Insistió en que "vamos a hacer una reforma a todo el sistema jurídico precisamente para que este tipo de situaciones no se presenten, para que exista ante cualquier colombiano o cualquier extranjero, seguridad jurídica; que sepan que hay unos procedimientos claros, que hay una justicia que funciona, y que funciona relativamente rápido".
"Porque es que 70 años esperando a que definan la propiedad de una zona que es tan importante, es algo que realmente causa vergüenza", recalcó el presidente Santos.
Recordó que "anoche hablábamos y veíamos esa área de 65 hectáreas, que llamaban Pozos Colorados". Y "yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo que había conflictos de todo tipo en torno a los Pozos Colorados, al área de Pozos Colorados".
Abogados van, abogados vienen, dijo. Recordó que "hace unos años hasta dijeron que hubo muertos alrededor de esas disputas. Y pregunté qué estaba sucediendo, por qué eso no se había resuelto. Y me dicen que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que luego fue reversado por una tutela. Y me vino a mí a la cabeza, hombre, qué cosa tan seria y tan dramática ese aspecto de nuestra estructura del Estado".
Cuando uno hace los exámenes de competitividad, y el país hace un gran esfuerzo para mejorar su posición dentro del contexto mundial de competitividad, y uno se pone a analizar ya los diferentes elementos, hay una cosa que sale a relucir en forma inmediata, dijo Santos.
Llegada de inversión extranjera
El presidente Santos considró que los empresarios colombianos tienen que comenzr a desarrollar importantes proyecros para ofrecerlo a los inversionistas foráneos que pronto van a comenzar a llegar al país.
"Y ahí van a tener la oportunidad de oro con los recursos que les van a llegar y con la inversión extranjera que está llegando. Los inversionistas extranjeros están dispuestos a invertir también en infraestructura", dijo
Pidió a los empresarios "alistar proyectos para aprovechar inversión. Los inversionistas están llegando de todas partes. El problema nuestro, paradójicamente, es que no tenemos proyectos. Vienen los inversionistas a decir: ‘queremos invertir ¿dónde están los proyectos?’.
"Por eso tenemos que, como dicen popularmente, ponernos las pilas y comenzar a planear y estructurar bien, porque los recursos van a llegar y hay que administrarlos bien y hay que invertirlos bien. Y este lugar, que es un paraíso, es un verdadero paraíso. Ayer (domingo) cuando volábamos por encima de las playas, viniendo de la Sierra hacia Santa Marta, lo que uno veía, realmente decía, eso no existe en alguna otra parte del mundo. Y eso tiene un valor impresionante y hay que cuidarlo y aprovecharlo de la mejor forma posible".
CADENA PERPETUA: POPULAR PERO INCONSTITUCIONAL
Por: Rodrigo Uprimny
Sin casi debate, ni siquiera en el propio Congreso, avanza la iniciativa de realizar un referendo para imponer cadena perpetua en caso de homicidio, violación, explotación sexual, secuestro o maltrato severo contra un menor de 14 años.
Esta iniciativa es popular, pues muchos niños y niñas han padecido violencias horribles. Gran parte de esos crímenes están impunes, por lo cual muchos colombianos quieren penas más duras, como la cadena perpetua.
Esas reacciones son comprensibles pues ¿quién no quiere proteger a los niños y niñas de la violencia y que ésta sea adecuadamente castigada? Esto explica la popularidad de la iniciativa, que ha sido impulsada por la autodenominada “senadora de los niños” Gilma Jiménez.
La señora Jiménez se puso en la tarea de recoger firmas para convocar un referendo que prevea la cadena perpetua en esos casos. Y logró conseguir casi 1’800.000 firmas y que el Congreso aprobara hace dos años la Ley 1327, que convocaba dicho referendo. Pero esa ley fue declarada inconstitucional por la sentencia C-397 de 2010 de la Corte Constitucional, entre otras cosas, porque el Congreso alteró el texto que sirvió para la recolección de firmas, con lo cual violó el sentido de la iniciativa popular.
Debido a lo anterior, la senadora ha propuesto una nueva ley para que se convoque el referendo, pero con base en las mismas firmas y en el mismo texto.
El proyecto ya fue aprobado en el Senado y pasó a la Cámara, y sigue siendo muy popular, por lo cual pocos congresistas se le han opuesto. Pero deberían hacerlo pues la iniciativa, a pesar de ser popular, es inconstitucional, pues está atravesada por una paradoja mortal.
Si la ley se aprueba conforme al texto con el cual fueron recogidas las firmas, entonces la propuesta es que se imponga siempre la cadena perpetua para todos esos delitos.
Esto es totalmente irracional, pues los delitos son muy diversos; es más grave el homicidio doloso que el maltrato severo, pero ambos comportamientos tendrían siempre cadena perpetua. No es lo mismo que alguien mate a un niño en un acto de furia, que ser un asesino en serie, como Luis Alfredo Garavito. La culpabilidad es distinta, pero ambos tendrían la misma pena. Las posibilidades de resocialización de las personas condenadas es diversa, per todos tendrían que cumplir cadena perpetua.
Ese texto absolutista (que sirvió para recoger las firmas) viola principios esenciales al Estado de derecho, como el de la proporcionalidad de las penas y la función resocializadora de la pena, por lo que equivale a una sustitución de la Constitución. La Corte tendría que declarar su inconstitucionalidad.
Conscientes de este hecho, la senadora Jiménez y los ponentes modificaron el texto de la iniciativa, previendo que la cadena perpetua sea un límite posible para algunos casos pero que no se aplica automáticamente siempre a todos esos delitos. Esta modificación reduce la irracionalidad del proyecto, sin llegar a constituir una buena política criminal. El problema es que dicho cambio no es posible pues se traiciona la iniciativa popular y se incurre en exactamente uno de los vicios de procedimiento que ocasionó la inconstitucionalidad de la Ley 1327.
La iniciativa de cadena perpetua está entonces condenada a muerte pues, de ser aprobada, la Corte deberá declararla inconstitucional por la misma razón que anuló la anterior ley. Ese solo hecho debería hacer que el Congreso archivara el proyecto. Pero más grave aún: la iniciativa es inconveniente pues desarticula el sistema punitivo sin mejorar la protección de nuestros niños y niñas (que es lo que todos queremos), como lo ha mostrado el colega Mauricio García en nuestro blog en la Silla Vacía y lo desarrollaré en posteriores columnas.
CARACOL RADIO
JUDICATURA: HAY MÁS DE DOS MILLONES DE PROCESOS REPRESADOS
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, reconoció que se requieren reformas estructurales para superar los problemas que hoy afronta la justicia colombiana, ante las críticas hechas por el Gobierno en la demora para proferir los fallos.
Dijo que en los actuales momentos hay más de 2 millones de procesos represados por falta de recursos económicos y logísticos.
De acuerdo con el Magistrado, también se necesitan unas reformas estructurales que den un giro a la aplicación de la justicia en el país.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que “no podemos seguir dividiendo a la sociedad y todos debemos trabajar por respetar la justicia”.
Añadió que ningún proceso debería tardar más de un año en ser resuelto por los jueces, pero reconoció que la gran congestión genera una dilatación de los mismos en el tiempo.
El Magistrado manifestó que se necesitan unas reformas estructurales que superen los problemas que hoy afronta la justicia.
Sin embargo, aclaró que las reformas no deben tocar al Consejo Superior de la Judicatura, porque es el encargado de vigilar la conducta de los jueces para que cumplan con su deber y les garanticen a los ciudadanos un ingreso a la justicia.
EL NUEVO SIGLO
LOS PROYECTOS DE LEY QUE SIGUEN PELIGRANDO
Las propuestas de los delitos menores y la minirreforma no pasaron, pero el Gobierno podría presentarlas en próxima legislatura.
NADIE DUDA de la eficacia del Congreso en esta legislatura que está a escasas dos semanas de culminar, donde le fueron aprobados al Gobierno sustanciosos proyectos de ley y de acto legislativo. Sin embargo, poco eco se le ha hecho a tres proyectos de gran importancia que se hundieron, por no haber recibido los respectivos debates.
Estas tres iniciativas gubernamentales son la de los delitos menores, la de convivencia ciudadana o nuevo código de Policía y la cuestionada minirreforma política.
Para el proyecto de convivencia ciudadana, el Gobierno al inicio de semestre presentó mensaje de urgencia, que finalmente fue el que lo llevó al hundimiento. Uno de los ponentes, el representante Alfonso Prada, así lo explicó hace algunas semanas.
El Gobierno “presentó un mensaje de urgencia que volvió inviable los debates aquí. Sesionar conjuntamente el Senado y la Cámara para tramitar los proyectos se puede dar cuando hay una emergencia y tenemos que debatir un artículo, dos o tres. Pero cuando ya tenemos que debatir un código entero, obviamente se llevó por delante el trámite de la iniciativa. Cuando le dijimos al Gobierno que era un error presentarla con mensaje de urgencia, simplemente retiró el mensaje de urgencia pero mantuvo todos los problemas procesales que implica ello, porque ya el Senado y la Cámara habían avanzado demasiado; razón por la cual ni el Senado ni la Cámara abordó el estudio independiente”, explicó el legislador del Partido Verde.
Según Prada, quedó en el aire “toda la regulación de Policía nueva que estábamos proponiendo en materia de consumo de licor, de horarios para el consumo, todo el trámite de los problemas entre los vecinos, el tratamiento de animales para hacer mucho más amable la ciudad, quedó en veremos toda la Policía ambiental para la protección de los cerros, las cuencas hidrográficas”. Sin el embargo, el representante le hizo un llamado al Gobierno para que antes del 20 de julio se siga concertando la iniciativa y sea radicada en la próxima legislatura.
De otro lado, uno de los proyectos que el Gobierno se había comprometido a tramitar en la actual legislatura, y que estaba pendiente ya desde hace algún tiempo es de los delitos menores.
En el 2009 la Corte Constitucional tumbó la ley de pequeñas causas, argumentando que las funciones de la Fiscalía no las podía asumir la Policía Judicial, tal como lo planteaba la norma.
Esos vicios fueron subsanados en el proyecto que fue radicado en el Congreso a finales del año pasado, pero los ponentes de la iniciativa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde debía iniciar su trámite legislativo, se negaron a radicar la ponencia hasta que el Ministerio de Hacienda no certificara que era viable hacer posible la aplicación de la ley de delitos menores, cosa que nunca ocurrió.
En cuanto a la minirreforma política, que varios llamaron la contrarreforma de la reglamentación del acto legislativo 01 del 2009, se hundió en su segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, debido a que la bancada de mujeres se opuso a su discusión.
polémica se creó porque la iniciativa planteaba la flexibilización de la ley de cuotas, que dice que la lista para cualquier cargo de elección popular que presente un partido político debe incluir un 30 por ciento de mujeres. El Gobierno argumentó la propuesta en una petición que le hicieran varios partidos políticos en el sentido de evitar rellenar las listas con nombres de mujeres que no tenían las supuestas calidades para ocupar dichos cargos.
Por otra parte, en la misma minirreforma se incluía un artículo que también causó polémica y es el que tiene que ver con la financiación de campañas políticas, pues elimina el límite de gastos para los financiamientos o donaciones privadas, a lo que varios congresistas calificaron de volver elitista la política.
Sin embargo, a pesar de la oposición que tuvo el proyecto, el ministro del Interior y Justicia anunció que volverá a presentar una minirreforma política que incluya cambios en las consultas internas de los partidos.
NO SE MUEVE EN CONSEJO DE ESTADO DEMANDA POR CURUL DE MINORÍAS
La Cámara seguirá con un puesto desocupado.
Aunque ya han pasado tres meses desde que el Consejo de Estado aceptó una demanda del Movimiento Nacional Afrocolombiano, que reclama la curul de minorías políticas en el actual Congreso, la misma prácticamente no se ha movido en su trámite.
Tras ser aceptada, el Alto Tribunal procedió a su reparto y fue entregada a uno de los magistrados de la Sección Quinta.
A principios de marzo pasado, el ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro, actuando en representación de esta colectividad, presentó una demanda ante el Consejo de Estado, fundamentada en que se debe cumplir la Constitución a pesar de que esta colectividad no llena todos los requisitos exigidos para acceder a este escaño.
“El Consejo debería hacer prevalecer el texto constitucional. Cuando no coinciden la Constitución y la ley, debe prevalecer la Constitución”, indicó Castro.
El 26 de agosto pasado el Consejo Nacional Electoral emitió la resolución 1959 en la que además de fijar los 12 partidos y movimientos que mantienen la personería jurídica para el período 2010-2014, se abstiene a entregar la curul de minorías políticas porque ninguna colectividad cumplió con los tres requisitos que establece la Ley 649 de 2001 en desarrollo del artículo 176 de la Constitución.
Igualmente en la Comisión Segunda de la Cámara hay preocupación por no haberse llenado esta curul, como ya hace varias semanas se lo hizo saber el presidente de esta célula legislativa, Albeiro Vanegas, al presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga. “La Ley Tercera de 1992 prevé que la Comisión Segunda de la Cámara esté compuesta por 19 miembros. Sin embargo, a la fecha cuenta con 18 honorables representantes, lo que en cualquier momento podría significar un empate en las votaciones de la comisión, lo que no sería expedito para su funcionamiento”, le dijo el representante Vanegas a Zuluaga.
Sobre la decisión de no asignar la curul a las minorías políticas en el actual Congreso, el presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, le dijo hace algunas semanas a EL NUEVO SIGLO que “no se presta para ningún tipo de interpretación, no reunieron los requisitos que se exigen para aspirar a dicha curul y por lo tanto, no pueden ocuparla”.
En consecuencia esta sería la primera vez desde el año 2002, que no habría representación de las minorías políticas en el Congreso, pues la Alianza Democrática M-19 se quedó con la curul en las elecciones legislativas del año 2002; en tanto que en el año 2006, la misma correspondió al Partido Verde Opción Centro, hoy Partido Verde.
Para hacerse al escaño de minorías políticas los movimientos o partidos deben presentar candidatos a la Cámara como mínimo en un 30% de las circunscripciones territoriales del país; que no hubiesen obtenido representantes a la Cámara ni senadores y que su votación mayoritaria en un mismo departamento o circunscripción territorial sea menos del 70% de la sumatoria de su votación en todo el territorio nacional.
El Movimiento Nacional Afrocolombiano no cumple con el primero de estos requisitos para acceder a la curul, es decir haber presentado candidatos a la Cámara en al menos 10 de los 32 departamentos en que está dividido el país, pues solo lo hizo en cuatro.
Además del Movimiento Nacional Afrocolombiano, Apertura Liberal y Colombia Democrática reclamaban la curul de minorías políticas, que de lograrla les devolvería la personería que perdieron pues la votación que lograron en las elecciones legislativas de marzo de 2010 no alcanzó el umbral del 2 por ciento.
Sin embargo en marzo pasado, el Juez Quinto Penal de Villavicencio al fallar una tutela ordenó entregar la curul de las minorías a Jorge Julián Silva y de contera devolver la personería jurídica al Movimiento Apertura Liberal. Mas en mayo pasado, el Juzgado Segundo Penal de Villavicencio revocó este fallo, al considerar que no era la instancia para dirimir este conflicto.
LA DESAPARICIÓN FORZADA: ¿VACÍO EN LEY DE VÍCTIMAS?
Hoy se presentan cinco publicaciones, insumo para estudiar cómo enfrentar el fenómeno a través de la nueva norma.
Era urgente que la ley de víctimas asumiera de manera integral la realización de los derechos de las víctimas de desaparición forzada, puesto que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado pero no desarrolla plenamente el derecho a la verdad y a la justicia.
Así lo consideran los promotores de la campaña Víctimas y Derechos: Haz lo Justo, que esta tarde realizarán un conversatorio titulado “La desaparición forzada: su realidad en las regiones de Colombia”, en el que se lanzarán cinco publicaciones: La Denegación de justicia y proceso penal, La desaparición forzada en Buenaventura, Proyecto para la documentación de casos tipo de desaparición forzada en la región Ariari-Guayabero, Casanare: exhumando el genocidio y La cumbia está herida.
La campaña, que publica los textos, es una iniciativa de diversas organizaciones sociales, organizaciones de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país y defensoras de derechos humanos, entre las que cabe mencionar la ONG belga Broederlijk Denle, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Intermón Oxfam y Novib Oxfam.
Para los voceros de estas organizaciones, la ley no habla del deber del Estado de buscar, encontrar e identificar a las víctimas sino sólo de “contribuir en la búsqueda de los desaparecidos”; la interpretación de la ley, además, podría dejar abierta la puerta para evitar por todos los medios la judicialización de los fines por los que se cometieron muchas desapariciones forzadas. Varias de las publicaciones de la campaña Víctimas y derechos muestran cómo grandes crímenes a los derechos humanos como la desaparición forzada se están dando en gran número en zonas donde existen megaproyectos. Por eso es preocupante que el artículo 99 sobre contratos para el uso del predio restituido de la ley enuncie que las tierras que actualmente están siendo explotadas por proyectos agroindustriales seguirán teniendo el mismo uso más allá de la voluntad de las víctimas a quienes pertenecen.
Los estudios de la campaña Víctimas y derechos evidencian las alarmantes cifras de desaparición forzada en los departamentos de Casanare, Meta y Valle del Cauca y la preocupante situación de impunidad. Así, se demuestra cómo entre 1983 y 2007 se reportaron 2553 desapariciones forzadas en el departamento del Casanare. Además, se cuestionan las cifras oficiales de la Fiscalía que hablan de 1.438 NN en los cementerios que hacen parte de la zona de influencia del plan de consolidación de la Macarena, pues el Banco de datos de derechos humanos del Cinen/PPP (Programa para la Paz) tiene conocimiento de otros 66 NN en el cementerio de Vista Hermosa y 600 más en el de Villavicencio.
En ese sentido, las publicaciones no sólo son un insumo fundamental para analizar la realidad de la desaparición forzada en nuestro país sino también para estudiar cómo enfrentar este fenómeno a través de la ley de víctimas.
¿ATENTADO CONTRA LA MERITOCRACIA?
Por RODRIGO POMBO CAJIAO*
COMO lo hemos venido sosteniendo, todos sabemos que la justicia se politizó. Ello obedece, amén del afán de protagonismo judicial y de un acérrimo odio contra el ex presidente Uribe, al famosísimo “gobierno de los jueces” propio de los Estados Sociales de Derecho y de la aplicación de las tesis neoconstitucionalistas.
Que eso sea bueno o malo, no se sabe con certeza. Yo creo que es, en principio, bueno. Las decisiones se toman en colegiaturas aristocráticas intelectuales denominadas “Cortes” en donde sus miembros se presumen alfabetos y, en veces, cultos, eruditos y sabios. Ello, desde una perspectiva conservadora como la mía, es de buen recibo.
Sin embargo, cuando las Cortes actúan no como órgano superior, por encima de los partidos y las controversias partidistas y electorales sino como “primmo interpares”, como igual, como interlocutor y opositor, la cuestión se complica en demasía.
Ello sucede cuando, por buscar una desconocida justicia entre nosotros, se hace una indiscriminada cacería de brujas que, por desgracia, muchas veces involucra a jóvenes tecnócratas que han decidido entrar al servicio público sin otra intención que la de aportar su grano de arena a la construcción de un desbarajustado Estado.
Entiendo que por lograr una pronta y efectiva justicia y para “hacer algo” los jueces tomen decisiones antitécnicas y muchas veces injustas. Situación que he denominado la “antítesis”, pues la síntesis consistía en que nadie juzgaba, nadie investigaba, nadie tomaba decisiones, nadie ejercía autoridad. Ahora, en ocasiones, se da un caso extremo: todos juzgan, fallan, sentencian e investigan, incluso allí donde no hay caso.
Esa “antitesis” a la que he hecho referencia, esa exorbitante función judicial, también es nociva, es radical y es extrema. Ella se ha llevado por contera, en varias oportunidades, a jóvenes tecnócratas que no han hecho nada distinto que aportar su conocimiento, su preparación y su buena fe.
Fuera de ajusticiar indebidamente a estos muchachos de buena fe, se está construyendo un manto de escepticismo y pesimismo, presa del susto y la zozobra, para aquellos que queriendo entrar al servicio público, se sustraen de hacerlo por el miedo que les da, dejando los espacios del servicio público libres y a disposición de las crápulas e ignorantes de siempre y privando a la comunidad de liderazgos nuevos y bien preparados.
NI TRENES, NI CHOQUES
Por HUGO QUINTERO BERNATE
“Es claro que a ese tipo de gentes les choca el nuevo estilo”
Algunos programas, medios y comentaristas andan empeñados desde la semana pasada en armar una pelea que no existe. A raíz de sendas providencias de la Sala de Casación de Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que merecieron comentarios públicos del Presidente de la República, algunos personajes cuya profesión debería ser la de atizadores, se han dado a la tarea de ambientar una supuesta pugnacidad entre el Ejecutivo y la Rama Judicial que no sólo no existe, sino que ninguno de los involucrados está interesado en crear o en dejar que se cree.
Para fortuna de la estabilidad institucional, ni el magistrado Camilo Tarquino Gallego, ni el consejero Mauricio Fajardo Gómez, presidentes respectivos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, han mordido el anzuelo de la provocación y, al revés, han tenido la tranquilidad de espíritu y la ponderación suficiente para responder sin ninguna animosidad a los cuestionamientos que les dicen se les han hecho desde el Ejecutivo, sobre el contenido de las providencias que ahora se estiman polémicas.
Quienes intentan provocar un enfrentamiento entre las altas Cortes y el poder ejecutivo, son los mismos viudos del poder que durante los ocho años pasados celebraron, cohonestaron y en muchas ocasiones no sólo patrocinaron sino que idearon y participaron de las múltiples agresiones de que se hizo víctima a la Rama Judicial.
Es claro que a ese tipo de gentes les choca el nuevo estilo que significó para el país el cambio de gobierno reciente y sobre todo que se haya decidido reestructurar las relaciones internacionales, para obtener mediante cooperación lo que antes se lograba con bombardeos; y las internas, para cambiar el insulto y la persecución contra la Rama Judicial, por la simple colaboración armónica.
Recuperado así un cierto orden institucional es obvio entonces que la crítica pública de las decisiones judiciales es un control natural de la producción jurisprudencial y uno de los pocos instrumentos que las dota de legitimidad democrática. En ello precisamente es que radica la importancia de la exigencia de motivación de las decisiones de los jueces.
Y no creo que del derecho a hacer esa crítica estén exentos los funcionarios de las otras ramas del Poder Público, siempre y cuando las hagan dentro de los canales institucionales y, sobre todo, atacando la motivación o la decisión propiamente dicha, pero nunca al funcionario judicial.
Algo va de un Presidente criticando una decisión, a otro que acusaba a la Corte de “prestarse para el juego del terrorismo agónico”; o de uno que se queja de la injusticia de un ordenamiento que permite condenar a un General por omisión a una pena superior de la que puede imponerse a un paramilitar por autoría de una masacre, a otro que afirmaba que había “sesgo ideológico”.
La diferencia básica es que cuando Santos habla de una decisión judicial pide ponderación y cuando el que hablaba era el otro, los jueces necesitaban protección.